Diario El Tiempo- Piura

Después que la Municipalidad de Piura publicó,  en el diario oficial,  el edicto en el que se da a conocer la Resolución de Alcaldía N° 303-2010-A/MPP, que estipula la desocupación de áreas públicas en el complejo de mercados dando un plazo de tres días calendarios a los comerciantes ubicados en las zonas, los representantes legales de los vendedores de los exteriores preparan sus defensas para evitar que se cumpla la medida, que consideran ilegal.

José Alvarado Sánchez, abogado de un grupo de comerciantes de Acomublas entre otros, señaló que a más tardar el lunes presentarán un recurso de reconsideración de dicha resolución, ya que está basada en la Ordenanza 019-2009, la cual, según el abogado, es ilegal  pues no es lo que aprobó el pleno del concejo  en la sesión del día 21 de enero de 2010, y esto lo demuestran con los audios de la sesión presentados a la Alcaldesa. Sostiene  que el edicto,  al estar sustentado en una ordenanza ilegal, no puede  ejecutarse.

   Indicó que esta reconsideración se presentará  a fin de agotar  el proceso administrativo, para luego iniciar el proceso contencioso en la vía judicial. Agregó que, al presentar dicha reconsideración, el proceso tiene que paralizarse, porque la autoridad municipal no puede  ejecutar  una acción cuando hay un procedimiento. “La reconsideración de acuerdo al plazo de procedimientos administrativos tiene 5 días para que resuelva”, dijo. Agregó que si la Alcaldesa ejecuta este acto, considerado ilegal por basarse en una ordenanza ilegal, estará cometiendo algo arbitrario.

Precisó que por ahora todos están tranquilos tomando las medidas del caso,  “he dicho que nadie va a salir del mercado. Yo soy la primera persona que voy a estar allá (en el mercado el día de la recuperación de vías públicas) con lo legal. Mientras  la Alcaldesa no dé una orden legal donde se acredite que estoy en un lugar precario, no salen (comerciantes)”, refirió. 

Wilmer Culquicondor Merino, abogado que representa a la comisión de emergencia contra la reubicación, refirió que harán uso de los recursos legales que la ley les permite,  ya que una autoridad municipal no puede atentar contra derechos tan fundamentales como la salud, la libertad, el ejercicio y el bienestar de los derechos como trabajo en condiciones dignas. 

Agregó que usarán los argumentos legales, primero agotarán la vía administrativa, como impugnar la Resolución de Alcaldía 303-2010, eventualmente harán una denuncia penal. Culquicondor sostiene que se puede impugnar dicha resolución, ya que hay una instancia superior a la Alcaldesa dentro del municipio, el concejo municipal, es decir los regidores tendrán que evaluar.

“La comisión (de reubicación) debió darle cuenta al concejo sobre sus funciones, porque fue éste el que la creó, sin embargo no se ha cumplido y allí hay situación de irregularidad que se tendrá que aclarar oportunamente”, dijo. Posteriormente indicó  que se implementarán más acciones de defensa, pero las coordinará con los dirigentes, “esa es  una cuestión que se maneja con cierta reserva”, indicó.

Culquicondor criticó la forma cómo se ha publicado la ordenanza, señaló que es  cuestionable que publique la ordenanza con la finalidad de limitar el derecho de defensa, es decir que se da a conocer el  fin de semana, dando plazo de tres días, donde hay días en que algunas instituciones no trabajan.

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