Diario El Tiempo – Piura. 

En abierto desacato a la autoridad, miles de ciudadanos insisten en valerse de certificados de estudios secundarios falsificados, al solicitar licencia de conducir o revalidación de la misma. EL TIEMPO hizo seguimiento al problema, encontrando que a la fecha ya suman mil 400 los postulantes que adjuntaron documentos adulterados en sus expedientes. Asimismo, que en las investigaciones no se individualiza al timador, en tanto el que pretende sorprender a la autoridad, recibe sentencias que sólo llegan a 300 soles de reparación civil. 

La señora Nelda Masías mira el certificado unos segundos antes de hacer una mueca de entendible molestia: “ésa no es mi firma”. Ni se parece, remarca antes de seguir con sus quehaceres de oficinista de la dirección del Colegio San Juan Bautista de Piura.

En la Dirección otra de las administrativas ha mirado la copia del documento y no necesitó más que unos segundos para decir que Yonny Alejandro Hernández García, quien adjuntó el documento en su expediente para obtener licencia de conducir en la Dirección de Transportes, nunca estudió aquí. No figura en las actas de 2009 de la institución educativa del asentamiento San Martín, aunque el “certificado” diga que él hizo aquí la secundaria de 1988 a 1992. Aunque el papel sellado y signado con el número 464332, indique que él obtuvo como promedios anuales en conducta quince, quince, catorce, catorce, quince, esa firma no es la de la señora Nelda, mucho menos la del subdirector Juan Huertas, que ya ni trabaja en el colegio, dice la asistente administrativa, después remirar mi credencial de prensa para asegurarse que no es falsa.

Sólo en este colegio el año pasado, a pedido de la Dirección de Transportes, se evaluaron 48 casos sospechosos, detectándose que más de la mitad (28) eran falsificaciones. Este año la cifra de casos comprobados de adulteración de certificados de estudios supera los quince.

El certificado falso, en el que Jhonny también faltó al octavo mandamiento, aunque allí diga que aprobó religión con doce, es uno de los mil 400 certificados y constancias falsificados detectados en la Dirección de Transportes. 

- ¿Cuáles son los falsos?

- Todos son falsos 

Acaba de decirme el director regional de Transportes, David Muro Miranda, en la oficina de Asesoría Legal de la Dirección en Santa Isabel, parado frente a una ruma de expedientes que serán judicializados, porque los colegios consignados en los certificados de estudios, ya confirmaron que esos documentos son burdas falsificaciones. El titular  del sector se pregunta cuánto haría él y su personal en el tiempo que pierden asistiendo a las investigaciones en la Fiscalía y en la Corte Superior, debido a esos procesos. A veces son tantos casos que en la Fiscalía optan por tomarle manifestación sobre varios procesos a la vez. Todo para que las investigaciones terminen en la imposición de entre 200 a 300 soles de reparación civil.

“En relación a la falsificación de certificados, lo que pedimos es que el Poder Judicial actúe de acuerdo a ley. Porque a las personas condenadas por estos delitos -pretender sorprender a las entidades públicas, haciendo uso de certificados de estudios falsos-, se les está dando demasiadas facilidades. Por ejemplo, les fijan un monto desdoblado  en cuotas, en tres o cuatro armadas. Pienso que allí el PJ debe ser más drástico”, dijo la directora del colegio San Juan Bautista, Midre Rivera Lloclla.

La docente opina que no se está castigando el delito en sí. Se sanciona sólo al que usa el certificado falso, pero los autores de la falsificación no son identificados. “Sólo están sancionando al usuario, pero no al falsificador, aunque ambos hayan incurrido  en delito”, dijo. Y otro de los documentos de la oficina de Transportes, le da la razón: “Habiendo tomado conocimiento (sobre) el pago de reparación civil abonada al sentenciado (…) por la suma de S/. 50.00, solicitamos se endose y deposite la consignación judicial”, dice el documento de otro implicado, ya sentenciado. Para lograr que quien usó un documento  adulterado pague su reparación en cuotas de 50 soles, deben pasar al menos cuatro meses, según Muro Miranda, quien se sigue preguntando si la sanción impuesta es proporcional al tiempo y esfuerzo dedicados.

¿Y EL FALSIFICADOR QUÉ?

Si se sanciona tanto al que solicita un certificado falso, como al que lo extiende, estaríamos educando y haciendo tomar conciencia de la responsabilidad de ambos, dice  Midre Rivera, quien no descarta que en algunos colegios haya malos servidores públicos que se “prestan” para estos hechos ilegales. Y por eso, cada vez que ella debe dedicar entre hora y media a dos, cada vez que es notificada, les pide a los  juzgados o fiscales que se refuerce las investigaciones con pruebas dactiloscópicas a los maestros de los colegios con incidencia de casos. Sobre todo cuando la firma se parece mucho.

LENTITUD

Según David Muro, el anterior jefe de la Primera Dirección Territorial de la Policía Piura, César Cortijo, le dijo a inicios de año que habían identificado a algunos posibles falsificadores y que las labores de inteligencia iban por buen camino. Sin embargo, nunca se concretó la captura de alguno de los timadores.

EL TIEMPO se contactó con personal allegado a la Presidencia de la Corte, para que brinde su punto de vista sobre las sentencias por falsificación, sin lograr ubicar al magistrado Luis Cevallos Vegas, quien hoy participará de una conferencia de prensa sobre beneficios penitenciarios en coordinación con la Ocm. 

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