Diario El Tiempo – Piura. 

Un grupo de cerca de 500 pobladores fueron hasta la zona de la minera Río Blanco para conocer las actividades que realiza la empresa Río Blanco Copper S.A. Según  la ONG Voz de Alerta, la finalidad era violentar las oficinas de la empresa, así como las viviendas de pobladores que apoyan a esta empresa minera.  Estas acciones habrían sido organizadas por el dirigente de las rondas campesinas, Pedro Velasco y el alcalde distrital del Carmen de la Frontera, Ismael Huayama Neira.

Sin embargo, Huayama, quien se encuentra en Lima, sostiene que fueron los ronderos quienes  invitaron a las autoridades a sumarse a la marcha “bajo la amenaza de castigarlos a su estilo”, si no lo hacían.

Por ello, indicó que todas las autoridades fueron el lunes hacia la zona, porque la empresa minera ha comenzado con el trabajo social, es decir a emplear a los campesinos en obras como limpieza de cunetas, acequias, entre otros.

Los ronderos, que no quieren la explotación minera, están atentos “y  tienen una organización que hacen valer. Desconozco si hubo hechos vandálicos.  Los acompañé, pero inmediatamente me regresé y ahora estoy en Lima”, dijo el burgomaestre.

El  teniente gobernador del Carmen de la Frontera, Santos Cruz Pusma,  indicó a Voz de Alerta-  que el lunes cerca de las 11:00 a.m. el grupo  llegó al caserío Rosarios Bajos, en este distrito, hasta la casa del poblador Sindulfo Neira Guerrero, para vaciar su casa y quemar sus pertenencias, en represalia por haber trabajado en años anteriores para la empresa minera.

Luego se trasladaron al centro poblado El Carmen, en el mismo distrito y en horas de la tarde atacaron las oficinas de Río Blanco Copper y violentaron viviendas de otros pobladores que apoyan o trabajan con la empresa minera, entre ellas la del teniente gobernador del centro poblado, Santos Cruz Pusma.

Además, el grupo ha generado mucho temor, pues amenaza a los pobladores para que no apoyen ni participen de los proyectos que realice la empresa en la zona.

Los pobladores señalan que la movilidad y el transporte de cerca de los dos centenares de personas habría sido financiada por el alcalde Ismael Huayama, quien además vendría pagando S/. 50.00 a cada uno de los pobladores que han participado de dichas acciones violentas.  Huayama niega rotundamente estos hechos. 

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