Diario El Tiempo – Piura. 

Mientras que el arroz inmovilizado desde el 7 de octubre en un local de La Primavera corre el riesgo de ser atacado por gorgojos, la institución que se comprometió a consultar si debía realizar los análisis -Salud- y la entidad responsable de los alimentos --Pronaa- no tienen cuándo ponerse de acuerdo para efectuar las pruebas y determinar si el cereal es apto para consumo humano.

“La pelota está en su cancha”, es lo único en lo que coinciden. El jefe de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, Eddy Leiva Villalonga, criticó ayer la actitud de los funcionarios del  Pronaa, que según dijo refleja negligencia y descuido porque son quienes deben pagar los análisis de las muestras de los alimentos, y aún no lo hacen. “Hemos insistido en forma verbal en reiteradas oportunidades y dada esta situación, hoy (ayer) enviaremos un documento formal para que quede constancia de que son ellos los que no tienen voluntad de solucionar el tema”, dijo.

Sin embargo, el acta que se firmó el 7 de octubre cuando la Desa hizo la inspección en los almacenes del Pronaa, ubicados en La Primavera, dan cuenta de que la institución de Salud se comprometió a hacer la consulta para determinar si el arroz podía ser analizado en sus laboratorios de Lima. Ahí habría comenzado el problema.

Consultas

La respuesta de la consulta recién se da a conocer a nivel interno el 22 de noviembre, con el informe N° 259-2011-DRSP-Desa-DSBHAZ, que un inspector sanitario eleva al Dr. Eddy Villalonga.

Según el documento, en el cual se da cuenta de los resultados del insecticida realizados por Senasa, Digesa Lima respondió a la solicitud del examen a los alimentos que se encontraron con el frasco del insecticida Actellic 50 EC señalando que no realizaba el análisis de ningún plaguicida, motivo por el cual “no pueden atender su solicitud”.

Tras la negativa, se remitió a Senasa el oficio N° 2228-2011/GobRegPiura-Diresa-Desa- DSBHAZ, “solicitando determinación de plaguicida en alimentos”. La respuesta fue negativa.

Cruces

Leyva Villalonga señaló ayer que la Dirección Regional de Salud Piura, pagó con sus propios recursos, los análisis para determinar si el líquido hallado en el frasco era insecticida. El costo, según factura mostrada, era de 326.16 nuevos soles.

Explicó que según la ley de inocuidad de alimentos, es responsabilidad de la empresa, en este caso el Pronaa, realizar las pruebas de los alimentos ya que esta institución es la que ha efectuado una mala práctica por tener insecticidas en un lugar donde se almacenan productos para el consumo humano. Pero esto no fue comunicado a la institución estatal, a pesar que el 13 y 27 de octubre ofició comunicación a la Desa; y el 17 de noviembre comunicó la situación a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía de Prevención del Delito para que interpongan “sus buenos oficios, a fin de que a la brevedad posible se realicen las evaluaciones correspondientes del producto de arroz, toda vez que deben ser distribuidos a los Centros de Atención del Programa Integral de Nutrición, ya que estamos retrasando la entrega de los mismos”.

SOLUCIÓN SE ESTARÍA TRATANDO A NIVEL DE LIMA

Según trascendió en el Pronaa Piura, desde hace más de una semana se realizan coordinaciones entre la Dirección General de Salud Ambiental de Lima, y la sede central del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Esta instancia es la que puede decidir la transferencia de fondos que requiere el análisis.

Leyva explicó que como iniciativa de la Desa, se ha pedido cotizaciones a 3 empresas para que Pronaa analice y elija la que crea conveniente. El costo del análisis oscila entre 700 y 800 nuevos soles.

Además, señaló que cuando Pronaa elija, deben coordinar con la Desa y con el laboratorio seleccionado a fin de ir los tres juntos para tomar, por primera vez, la muestra del arroz.

En lo que se refiere a los enlatados, se indicó que el Instituto Tecnológico Pesquero inspeccionó los lotes de conserva de anchoveta y las condiciones de almacenamientos. Se está a la espera de cotizaciones de laboratorios.

DESDE EL 7 DE OCTUBRE

- La inmovilización de 10 mil 492 sacos de arroz (cada uno de 50 ks), y de 7 mil 200 cajas de anchoveta en salsa de tomate (cada una de 24 latas) fue ordenada por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental al Pronaa, con el aval del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, el 7 de octubre de este año.

- 30 días fue el plazo máximo que se mencionó en la fecha, para definir la situación de los alimentos y su repartición a los comedores populares, de acuerdo a los análisis que se debían realizar. 

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