Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, sostiene que Piura es una región con pocos conflictos sociales, pero los que existen deben solucionarse con diálogo y respetando la vida de las personas. Puso como ejemplo el caso del mercado Modelo. 

¿Cuál es la percepción que tiene de Piura, en cuánto a conflictos sociales?

Piura no se caracteriza por ser la región con un alto número de conflictos como Ancash o Puno, que tienen más de veinte conflictos. Sí hemos tenido una experiencia trágica en el caso de mercado, en donde murieron cinco personas. Eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Es un caso no resuelto…

Hubo una negociación hace un año y medio aproximadamente, pero la situación se mantiene en suspenso. Hay que buscar una salida dialogada en vista de que estamos ante un gran número de personas que permanecen en esta zona y durante un tiempo largo. Es un problema social. Hay que reubicar en los mejores términos a estas personas, pero de parte de los comerciantes, tiene que haber una disposición al traslado y a generar ellos mismo lugares donde reubicarse. Todo lo informal que se acepta por años, termina convirtiéndose en un problema difícil de resolver. Cuando en las ciudades de la costa, sus municipios admiten en sus calles ambulantes durante un tiempo muy largo e incluso algunos ya asentados de manera permanente en el espacio público, desmontar eso es muy difícil.

¿La minería ilegal podría generar conflictos sociales?

Una cosa son los mineros informales para los que se ha creado un procedimiento de formalización y otra los ilegales, que son los que actúan al margen de la ley y contra la ley.

En el caso de los mineros ilegales, no hay manera de llegar a un punto de acuerdo con quien está al margen de la ley. O se pone dentro de la ley o simplemente se expone a que los operativos policiales se lleven adelante y se puedan producir allí algunos enfrentamientos. Se debe tener en claro, que no se puede aceptar ninguna actividad económica al margen de la ley, peor aun cuando esta afecta derechos y destruye el ambiente, las fuentes de agua y afecta otras actividades como la agricultura o la ganadería.

En el caso de los informales, se han corregido algunos defectos, como el de no haber tenido desde el primer momento una ventanilla única que pudiera ordenar y agilizar el proceso de formalización. Estamos hablando de un actor que por decenas de años ha desarrollado una actividad no formalizada. Sin embargo, ha logrado emplear a un número muy grande de personas a nivel nacional. No hay departamento que no tenga minería informal en el Perú.

No en todos los casos se han generado conflictos.

Estamos hablando de veinte casos a nivel nacional.

LOS CONFLICTOS

En el Perú, cuarenta y dos de los ochenta y cuatro conflictos en proceso de diálogo (50%) surgieron después de algún hecho de violencia.

La Defensoría del Pueblo ha registrado doscientos veintiún conflictos, de los cuales ciento setenta y cuatro son activos.

En Piura, en noviembre se registraron dieciséis conflictos sociales, de los cuales tres involucran a otras regiones.

Un nuevo conflicto surgió en noviembre en Piura. Es el de las comunidades campesinas de Sondorillo, las cuales reclaman la ejecución de proyectos de infraestructura.

Fuente: Defensoría del Pueblo